SANTO DOMINGO. La Coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada en Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortíz, informó que este miércoles avanzaron con la presentación de pruebas, como parte del juicio de fondo que se sigue contra los acusados en el entramado de corrupción que habría estafado al Estado dominicano con más de RD$5,000 millones, desmantelado mediante la operación Antipulpo.

Durante la audiencia, el tribunal procedió a escuchar a la testigo número tres del Ministerio Público, Lilian Reyes, quien durante sus declaraciones, se refirió a las irregularidades con las que habría operado el Comité de Compras y Contrataciones del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (Fonper). Dicha entidad, involucra al extitular, Fernando Rosa y a Magalys Medina Sánchez.

La testigo Lilian Reyes, quien es abogada de profesión, laboró en el FONPER desde el año 2005 hasta el año 2021. Inició como parte del Departamento Legal y 7 años más tarde pasó a ser encargada del Departamento de Libre Acceso a la Información, posición que por ley le hizo formar parte del Comité de Compras y Contrataciones de la referida institución pública.

En tal sentido, estableció frente a las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, que solo estaba como miembro del Comité de Compras y Contrataciones y participaba en la apertura de los sobres A Y B. Sin embargo, de manera irregular, no le era permitido estar en la deliberación para la elección del mejor oferente.

Por lo que, de acuerdo a la testigo Lilian Reyes «firmaba de manera irregular las actas de adjudicación», las cuales eran llevadas a su escritorio, sin tener la oportunidad de hacer objeción sobre el oferente seleccionado.

Además señaló que aunque el extitular de la entidad, Fernando Rosa, no participaba en las reuniones del Comité de Compras y Contrataciones, haciendo uso de la autoridad máxima que le revestía, emitió una comunicación para que el departamento de Compras y Contrataciones, el Administrativo, el de Planificación y Desarrollo y Recursos Humanos, se hicieran responsables de cargar al Portal de Transparencia las informaciones relacionadas a sus áreas. Esto, contrario a lo que dicta la norma.

«Una cosa es la ley y otra son los jefes»,  indicó la testigo Lilian Reyes, al momento de destacar que debido a esta decisión no tenía contacto con las informaciones financieras, de compras, nómina de la institución, ni los análisis del Departamento de Planificación.

Al ser cuestionada durante la audiencia, por la Coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada en Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortíz, la testigo indicó que Juana de los Santos, quien supuestamente murió, era la encargada del Departamento de Compras, el cual estaba bajo la dependencia del Departamento Administrativo, a cargo de la imputada  Magalys Sánchez Medina.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional pautó para el próximo lunes 24 de junio, a las 9:00 de la mañana, la continuidad de la audiencia, en la que se espera que la testigo Lilian Reyes culmine su exposición.