Los acusados se exponen a penas de hasta 20 años de prisión, explicó el procurador adjunto Wilson Camacho, al ponderar el Auto de Apertura a Juicio contra el grupo procesado por corrupción administrativa.
SANTO DOMINGO.- Los procesados por corrupción administrativa en el caso contra Jochi Gómez, Hugo Beras y compartes se exponen a penas de hasta 20 años de prisión, explicó el procurador adjunto Wilson Camacho, al ponderar la decisión con la que el Ministerio Público obtuvo auto de apertura a juicio para el grupo encartados en el expediente por defraudar al Estado dominicano.
Al acoger la solicitud del Ministerio Público, la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, dictó auto de apertura a juicio contra el empresario Jochi Gómez, propietario de Aurix S.A.S., y Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
La jueza rechazó la solicitud de nulidad del expediente presentada por la defensa de Hugo Beras y mandó a juicio, además, a Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exencargado del Centro de Control de Tráfico y exdirector de Tecnología del Intrant, respectivamente.
A ellos se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
Asimismo, fueron enviados a juicio Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
También, las personas jurídicas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Esta organización criminal estaba conformada por funcionarios públicos, ex servidores estatales y particulares con antecedentes de haber participado en maniobras fraudulentas, quienes, aprovechando su posición o sus conexiones políticas y empresariales, vulneraron los principios de transparencia, libre competencia y legalidad que rigen la contratación pública. Su actuación se caracterizó por una planificación meticulosa, el uso de sociedades interpuestas, prestanombres y documentos falsos, con el fin de garantizar el control total del proceso licitatorio y asegurar la adjudicación irregular del contrato por un monto de RD$ 1,317,350,997.00, en favor de empresas vinculadas al imputado José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez).
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, destacó el avance del proceso tras la modificación del Código Procesal Penal de la República Dominicana.
“Hay varias cosas que hay que resaltar sobre este proceso; el primero, es la primera acusación que se conoce con la modificación que se hizo al Código Procesal Penal y ustedes podrán darse cuenta que, desde el depósito de la acusación al día de hoy han transcurrido solo seis meses, y ya este caso va a juicio, lo que evidencia la rapidez con la que se pueden conocer los procesos penales a partir de la modificación”, destacó, al responder a los periodistas que lo abordaron al salir de la audiencia.
“En relación a la decisión que tomó el tribunal en el día de hoy, hay decisiones que reflejan el trabajo del Ministerio Público y esta es una de esas decisiones, el tribunal excluyó el tipo penal de terrorismo sobre una visión que tiene el tribunal de que no se da la participación subjetiva del tipo penal”, dijo.
El Ministerio Público acusa al grupo de integrar una red criminal dedicada a la corrupción, sabotaje y terrorismo, la cual fue desmantela tras la puesta en marcha de la Operación Camaleón en el año 2024.
La Pepca presentó acusación por el caso contra las personas físicas y jurídicas en el mes de octubre del pasado año 2025.
