Del mismo modo, se anunció que será este jueves 16 de julio cuando los diputados conocerán las modificaciones, esencialmente, a 18 artículos.

Mientras avanza el tiempo para cerrarse la legislatura, el debate sobre la entrada en vigencia del nuevo Código Penal se intensifica.

La normativa está prevista para comenzar a aplicarse el próximo 3 de agosto. Pero distintos sectores mantienen posiciones encontradas y la Cámara de Diputados tiene fecha límite para recibir las propuestas: este miércoles 15 de julio hasta las 6:00 de la tarde.

Del mismo modo, se anunció que será este jueves 16 de julio cuando los diputados conocerán las modificaciones, esencialmente, a 18 artículos.

Sin embargo, algunas instituciones y autoridades sostienen que aplazar nuevamente la implementación solo prolongaría la vigencia de un Código Penal considerado obsoleto, otros advierten que el texto aún contiene disposiciones que podrían generar conflictos constitucionales o afectar derechos fundamentales, especialmente en materia de libertad de expresión.

En ese sentido, organizaciones civiles, juristas, líderes religiosos y representantes políticos han planteado propuestas que van desde la aplicación inmediata con reformas posteriores hasta una revisión más amplia antes de su entrada en vigor.

El arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Morel Diplán, manifestó su respaldo a que el nuevo Código Penal entre en vigencia el próximo 3 de agosto.

Consideró que el país no puede seguir postergando una legislación cuya aprobación ha permanecido pendiente durante más de 25 años y que resulta necesaria para sustituir el marco penal vigente.

No obstante, el prelado entiende que algunos artículos deben ser revisados antes de la aprobación definitiva, especialmente los relacionados con la libertad de expresión. A su juicio, las diferencias sobre determinados aspectos no deben impedir que el país cuente con un Código Penal actualizado y acorde con los desafíos actuales en materia de justicia penal.

De su lado, Participación Ciudadana sostuvo que el nuevo Código Penal debe entrar en vigor una vez concluya el período, aunque reconoció que el texto presenta debilidades que requieren correcciones. La organización consideró que extender nuevamente el plazo sentaría un precedente negativo y afirmó que las modificaciones pueden realizarse tanto antes como después de la entrada en vigencia mediante el Congreso Nacional o el Tribunal Constitucional.

Entre los cambios que propone figura la inclusión de las tres causales para la interrupción del embarazo como eximentes de responsabilidad penal, así como la despenalización de los delitos de difamación, injuria y ultraje. Según la entidad, estas reformas fortalecerían la libertad de expresión, la difusión del pensamiento y el ejercicio del periodismo.

En tanto, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, rechazó cualquier intento de posponer la entrada en vigor del nuevo Código Penal y afirmó que hacerlo solo favorecería a la criminalidad. Argumentó que la legislación vigente, promulgada en 1884, resulta insuficiente para enfrentar las modalidades delictivas del siglo XXI.

Reynoso explicó que fiscales, jueces y abogados enfrentan serias limitaciones al investigar y procesar delitos modernos con un código diseñado para una realidad completamente distinta. Señaló que fenómenos como el crimen organizado y los delitos vinculados a la revolución tecnológica exigen una normativa actualizada y pidió a los distintos sectores priorizar el interés nacional.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) reiteró su solicitud de ampliar el plazo previsto para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal al considerar que el tiempo restante es insuficiente para corregir las irregularidades detectadas. La entidad propuso la creación de una comisión bicameral especial que estudie el texto antes de su aplicación.

Aunque reconoce la necesidad de sustituir el Código Penal de 1884 y valora los esfuerzos por modernizar el sistema penal, Finjus advirtió que la nueva legislación contiene artículos ambiguos, posibles vicios de inconstitucionalidad, duplicidades y disposiciones desproporcionadas que podrían afectar la legitimidad del sistema de justicia.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) presentó ante el Congreso una propuesta de modificación al nuevo Código Penal centrada en el régimen de acumulación de penas. La iniciativa plantea reducir el límite máximo de las condenas acumuladas de 60 a 40 años de prisión.

El presidente del gremio, Trajano Vidal Potentini, explicó que la propuesta busca que la condena definitiva no supere los 30 años de reclusión y que únicamente pueda extenderse hasta 40 años en los casos de cúmulo de penas. Indicó que la iniciativa forma parte de las observaciones y correcciones que el colegio considera necesarias para perfeccionar la legislación.

El senador Omar Fernández afirmó que la comisión especial creada para revisar el nuevo Código Penal trabajará en la corrección de los artículos que considera perfectibles. Sostuvo que la propia conformación de ese equipo constituye un reconocimiento de que la legislación requiere ajustes antes de consolidarse plenamente.

El legislador explicó que la labor de la comisión estará orientada a revisar y mejorar las disposiciones cuestionadas para fortalecer el contenido de la norma. Su posición apuesta por corregir los aspectos identificados sin descartar la importancia de contar con un nuevo Código Penal.

El secretario de Justicia de la Fuerza del Pueblo, Hotoniel Bonilla, respaldó la propuesta de ampliar el período previo a la entrada en vigencia del Código Penal. Argumentó que varios artículos contradicen criterios establecidos por el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia en materia de libertad de expresión.

Bonilla advirtió que algunas disposiciones podrían utilizarse para perseguir penalmente las denuncias contra funcionarios públicos, convirtiéndose en un mecanismo de control político y social que debilitaría el Estado de derecho. Por ello, propuso una revisión integral del texto con la participación de expertos y distintos actores nacionales.

El presidente Luis Abinader informó que el Poder Ejecutivo sometió al Congreso un paquete de modificaciones consensuadas al Código Penal y a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento. El objetivo, explicó, es lograr un equilibrio entre la protección de la libertad de expresión y derechos como el honor, la intimidad y la dignidad de las personas.

El mandatario destacó que la República Dominicana ha ocupado durante los últimos tres años los primeros lugares del Índice de Chapultepec sobre Libertad de Prensa.

Información publicada en: Tiempo termina hoy: Código Penal recibe lluvias de propuestas de modificaciones