El Ministerio Público (MP), a través de la Operación Flor de Loto, rescató a 45 mujeres colombianas y venezolanas vÃctimas de explotación sexual en allanamientos ejecutados en varios residenciales del sector Gurabo, al norte de esta ciudad.
El órgano acusador informó que depositó el sábado la solicitud de medidas de coerción en contra de los cabecillas de la estructura criminal. Hoy está prevista la audiencia para conocer la medida de coerción, aunque no se especificó la hora.
Tras varios meses de seguimiento y vigilancia, para irrumpir en las entrañas de la estructura y conocer su modus operandi, la FiscalÃa de Santiago y la ProcuradurÃa Especializada Contra el Tráfico IlÃcito de Migrantes y la Trata de Personas, con el apoyo de la PolicÃa Nacional, lograron rescatar a las féminas, 43 de ellas de nacionalidad colombiana y dos venezolanas.
Según las autoridades, los tratantes y proxenetas mantenÃan a las mujeres cautivas en varios apartamentos ubicados en los residenciales Molina VI y Tecasa Dorado II, V y VI, de Los Rieles de Gurabo, donde aseguran que eran explotadas sexualmente.
Era por Whatsapp
Con la ejecución de unos 15 allanamientos las autoridades informaron que pudieron constatar que se trata de una bien estructurada organización del crimen, integrada por los imputados Junior David Matos Monegro (Junior) y Estarly Almánzar Pérez, quienes viajaban a Colombia para seleccionar y reclutar a sus vÃctimas, costeando procesos migratorios y de vivienda, atando con esta deuda a las vÃctimas, que debÃan ejercer labores sexuales bajo condiciones dispuestas por ellos, para poder saldar la deuda.
Las féminas eran vÃctimas de explotación sexual comercial y otros crÃmenes conexos, ya que dependÃan de los tratantes para movilizarse de lugar a otro.
Los hombres arrestados durante la operación tenÃan bajo control los documentos de identidad de algunas de estas vÃctimas y, además, tenÃan control del pago que hacÃan sus clientes, con quienes ellos coordinaban el catálogo de servicios sexuales y los precios a pagar a través de la plataforma de mensajerÃa de WhatsApp.
Más de 300 pruebas
Durante los allanamientos los organismos involucrados se incautaron de más de 300 pruebas, entre materiales, documentales y otras testimoniales, que vinculan a los imputados con la actividad criminal.
El MP, que solicita la prisión preventiva y se declare complejo el proceso, presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a la Ley 137-03, Sobre Tráfico IlÃcito de Migrantes y Trata de Personas y a los artÃculos 265, 266, 333, 334, del Código Penal, que tipifican la asociación de malhechores y el proxenetismo, en perjuicio de las vÃctimas y el Estado.
Reclaman buen trato
Las extrajeras, que fueron llevadas a una casa de acogida en Los RÃos, denunciaron ayer que no son escuchada por las autoridades diplomáticas de sus paÃses y que no les dan la alimentación necesaria.
«Queremos ser escuchadas por el cónsul, que reconozcan nuestro derecho a la libertad de comunicación con nuestras familias. Nos dan una comida recalentada y nos tratan como si somos delincuentes», expresó una de las vÃctimas de trata, al salir a la verja perimetral de la casa en donde se encuentran.
Meses de investigación
El MP dijo que la liberación de estas vÃctimas es el resultado de una investigación que requirió de un exhaustivo seguimiento y vigilancia, entre otras labores de inteligencia para conocer desde su seno cómo operaba la red criminal que, a sabiendas de la vulnerabilidad y necesidad económica de las vÃctimas, las sometÃan a extenuantes jornadas laborales sexuales y forzosas, privándolas de su dignidad y violentando sus derechos humanos.
Más de 100 personas
El titular de la FiscalÃa de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraldo, informó que en el desarrollo de los 15 allanamientos, que demandaron la disposición de más de 100 personas entre fiscales, fiscalizadores y oficiales de la PolicÃa Nacional y que realizaron el mayor de los esfuerzos por resguardar a las vÃctimas.
Agregó que, más allá de la ilicitud de estas actividades, envÃan un mensaje en favor de la dignidad de las mujeres y de las familias que residen en los residenciales donde la organización criminal quiso implantar un estado promiscuo.
La Ley 137-03 Sobre Tráfico IlÃcito de Migrantes y Trata de Personas, sanciona los delitos de tráfico y trata de personas de los que se desprenden un sin número de violaciones a la dignidad humana.
Los apartamentos donde residÃan las vÃctimas eran alquilados por los imputados, que las mantenÃan bajo vigilancia para garantizar la «inversión». A los procesados les ocuparon sustancias controladas y armas.
Información publicada en: Operación ?Flor de Loto? desarticula una red de trata (hoy.com.do)
