El titular de la la PEPCA, Wilson Camacho, aseguró que la decisión «es el triunfo de la verdad sobre la mentira»
SANTO DOMINGO. El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT, quienes deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres.
Asimismo, la jueza Fátima Veloz dispuso que Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT, cumpla arresto domiciliario; mientras que, a Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT, se le impuso una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
En cuanto a los acusados Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT, y Carlos José Peguero Vargas, se les impuso una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica como medida de coerción.
La jueza también admitió el pedimento del Ministerio Público de declarar el caso complejo. Veloz fijó la revisión obligatoria de las medidas para el 9 de enero de 2025.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, valoró como «el triunfo de la verdad sobre la mentira» la decisión de la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Al salir de la audiencia, Camacho aseguró que la decisión del tribunal responde a la gravedad de los hechos y el daño causado al Estado.
Además, mencionó que se encontraron evidencias de que los imputados estaban vigilando a miembros del sistema de justicia, lo que impulsó la decisión judicial, contrario a los alegatos de la defensa.
Camacho también advirtió sobre nuevas líneas de investigación que podrían resultar en la imputación de más personas. «Ahora nos enfocaremos en seguir recabando evidencias y explorar nuevas líneas de investigación que podrían llevar a la identificación de nuevos imputados», afirmó.
Los imputados son acusados de formar parte de una red de corrupción y crimen organizado, involucrados en delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Estos delitos están tipificados y sancionados en el artículo 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana sobre la proscripción de la corrupción. Además, el Código Penal dominicano regula estos crímenes en los artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405. También se aplican la Ley 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito y Contrabando, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 267-08 sobre Terrorismo.
