Santo Domingo. La Fuerza de Tarea Conjunta inició un trabajo articulado para priorizar la atención en salud mental, ya que el Gobierno considera el tema como una deuda social y de seguridad, agudizado a nivel mundial. Este esfuerzo involucra al Ministerio de Salud, la Policía Nacional, la Procuraduría General, el Ministerio de la Mujer y otras agencias.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ofreció la información al concluir la reunión número 104 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente de la República Luis Abinader, y que contó con la presencia del ministro de Salud Pública, Víctor Elías Atallah.

La funcionaria precisó que la salud mental dejó de ser una prioridad hace muchos años, y alertó que la República Dominicana enfrenta hoy una enorme deuda social en la creación de espacios accesibles para atención preventiva.

«Estamos retomando también iniciativas articuladas, porque a pesar de ello un tema de salud es un tema de seguridad, protección a menores, a sectores vulnerables, ancianos, mujeres, madres que víctimas silenciosas de abusos que a veces no son detectables, porque no representan un abuso físico y que terminan y desencadenan en eso», expuso.

Raful sostuvo que este flagelo es evidente en los recientes casos que han conmovido al país. Además, subrayó que los efectos de la pandemia se han traducido en un empeoramiento de las condiciones de salud mental, tanto a nivel global como local, haciendo más urgente reforzar una respuesta al tema.

Raful lamentó todos los maltratos registrados contra menores de edad en los últimos días, por lo que reiteró su llamado a la sociedad a colaborar en una labor que debe involucrar a los medios de comunicación, juntas de vecinos e iglesias, para «hacer un periplo comprometido y realmente genuino para poder ayudarnos entre todos».

«Estamos muy conmovidos, muy preocupados y entendemos que la política pública nacional necesita más recursos económicos, más tecnología y, por supuesto, más personal para poder hacer una labor preventiva y que estos casos no terminen en este desenlace», manifestó.

Sobre la tasa acumulada de homicidios, detalló que está en 8.1 por cada 100,000 habitantes, según los datos de la Policía Nacional reportados hasta el viernes 22 de agosto, lo que representa una tendencia a la baja, con 25 provincias que permanecen en un solo dígito.

Hay 52 víctimas mortales menos en lo que va de 2025, ya que a la fecha se han  registrado 852, mientras que, para el mismo tiempo de 2024, la cifra acumulada alcanzó 904, y en 2023 fue de 993.

Raful aclaró que las estadísticas de cada muerte responden a su naturaleza, y explicó que a la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) la nutren los datos que entrega la Policía Nacional al sistema, donde son segmentados tras su análisis en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Añadió que cuando los casos son producto de acción legal, es decir, que involucra a la institución del orden, también es realizada una investigación.

«Hay muertes que no entran en las tasas de homicidios, porque son muertes de legítima defensa, o son muertos accidentales, que, cuando se desagrega la data, no son homicidios causados ni por conflicto social ni mucho menos por delincuencia, y pueden estar poniendo la data completa de todos los muertos», sostuvo.