Los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, así como el coronel Rafael Núñez de Aza fueron sentenciados a 20 años de reclusión mayor por corrupción administrativa. El procurador adjunto Wilson Camacho definió la sentencia como “ejemplar” y confió en que los tribunales sigan enviando señales similares para que el país pueda seguir empujando la frontera de la impunidad.

SANTO DOMINGO.- Al acoger la solicitud del Ministerio Público, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de reclusión mayor y al pago de  400 salarios mínimos a los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, así como al coronel Rafael Núñez de Aza, procesados por corrupción administrativa a partir de las operaciones Coral y Coral 5G.

También, fueron condenados a 15 años de prisión el general Julio Camilo De los Santos Viola y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la pastora), quienes además deberán pagar multas de 400 y 300 salarios mínimos a favor del Estado dominicano.

Tras escuchar el dispositivo de la sentencia dictado a las 2:00 de la madrugada, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, definió la decisión como “histórica”.

“En este caso el tribunal ha condenado a 29 personas, evidentemente esta es una sentencia ejemplar y una victoria del Ministerio Público”, dijo Camacho.

“Nosotros esperamos que, en la medida en que nosotros sigamos presentando las pruebas como lo hemos hecho hasta ahora, los tribunales sigan enviando señales de esta naturaleza que nos permitan seguir empujando la frontera de la impunidad”, enfatizó Camacho.

El Director General de Persecución representó al Ministerio Público en la audiencia junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los fiscales Jonathan Elías Pérez, Arolin Lemos, Miguel Collado, Enmanuel Ramírez y Melbin Romero.

El fallo fue emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Giselle Méndez (presidenta), Tania Yunes y Jissel Naranjo.

Durante el proceso judicial fueron enjuiciados 36 imputados, incluyendo 26 personas físicas y 10 jurídicas. El juicio inició el 27 de junio de 2024.

La audiencia inició pocos minutos después de las 3:00 de la tarde del lunes y concluyó faltando minutos para las 3:00 de la madrugada de este martes, 16 de junio de 2026.

El Ministerio Público acusó al grupo de generales por encabezar la red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). La acusación incluye entre las entidades afectadas al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).